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CARRERA PROFESIONAL: INTERPUESTO YA EL RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

Lunes, 01 de junio de 2009

CARRERA PROFESIONAL: INTERPUESTO YA EL RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

Desde la Junta Directiva de la SESP, dando cumplimiento a uno de los acuerdos de su última reunión, nos dirigimos a la Secretaría General de II.PP. solicitando una respuesta y un compromiso con el tema de la Carrera Profesional en el ámbito de la Sanidad Penitenciaria.

Tras los DOS MESES preceptivos SIN RESPUESTA, hemos interpuesto a primeros de Mayo el RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sus efectos serían universales, no ligados a una circunscripción geográfica.

La SESP, tras dar el primer paso por la "vía administrativa", sin respuesta en el tiempo legal, ha planteado ya este recurso contencioso-administrativo.

El Texto del recurso viene a ser muy similar a este, solamente que dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS PENITENCIARIOS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

JULIO GARCÍA GUERRERO, Presidente de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA, actuando en su nombre y representación, con domicilio en Plaza Gala Placidia 8, 1º, 2ª, 08006­–Barcelona, que designo a efectos de notificaciones de conformidad con los artículos 59.2 y 70.1, a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPA), comparezco y DIGO:

           Que mediante el presente y de conformidad con los artículos 29.1 de la Constitución (en adelante CE) y 70 de la LRJPA, se formaliza escrito de petición fundada en Derecho, en solicitud de que al colectivo de asociados de la Sociedad que represento, profesionales de la sanidad penitenciaria, se les reconozca el derecho a que se implante el sistema de carrera profesional regulado en los artículos 16 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

            Que la pretensión tiene su fundamento en los siguientes motivos y presupuestos.

1.      Requisitos subjetivos.

a)      Órgano competente.

            Se dirige el presente escrito ante ese organismo por ser el competente para tratar cualquier asunto o cuestión de personal relativo al personal sanitario de Instituciones Penitenciarias,   por tratarse de un Cuerpo Nacional, adscrito a la Administración General del Estado, pues todavía no se ha producido la transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias, como prevé la Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Por lo que la presente petición debe ser tramitada y resuelta por el Ministerio del Interior, en aplicación de la legislación básica del Estado, como se va a examinar, por ser la competencia irrenunciable (art. 12.1de la LRJPA ).

            En cualquier caso, si no se considerara así, procedería aplicar la norma del artículo 20.1 de la LRJPA , que establece: “El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si éste pertenece a la misma Administración Pública”.

b)      Capacidad, representación y legitimación.

            La Sociedad que represento está legitimada para actuar ante las diferentes Administraciones Públicas en todas sus instancias, cualquiera que sea su ámbito territorial, en defensa de los intereses comunes de sus asociados y, en concreto, en todas las cuestiones relacionadas con la defensa de los intereses profesionales referidos concretamente a la Sanidad Penitenciaria (artículos 3 y 4 de los Estatutos de la Sociedad ).

            Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad adoptado en su reunión de   Murcia de 19 de noviembre de 2008, se tomó la decisión de iniciar el presente procedimiento y, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativo (art. 4 de los Estatutos).

            El que suscribe, como Presidente nombrado en la Asamblea General de la Sociedad celebrada el día 18 de noviembre de 2006 en Zaragoza, tiene la potestad legal y estatutaria de representar a la Sociedad.

            Y, en fin, la legitimación de la Sociedad para actuar en representación de sus asociados, según el régimen general del artículo 31 de la LRJPA y el artículo 19.1,b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA), es incuestionable y así lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sirva de ejemplo, entre otras muchas, lasentencia e 16 de marzo de 1.999(RJ 1999/2450, Repertorio Aranzadi).

2.      Requisitos objetivos.

            El artículo 29.1 de la CE reconoce el derecho de petición individual y colectiva y el artículo 70.1,b) de la LRJPA señala que las solicitudes deberán contener los hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.

            Cierto es, como señala lasentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1.999(RJ 1999/5091) que “el derecho de petición, tal como ha recordado el Tribunal Constitucional en Sentencias 161/1988 (RTC 1988161 ) y 242/1993 (RTC 1993242), no incluye el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado, pero desde la perspectiva del destinatario, origina dos obligaciones para la organización pública receptora: una al principio, exteriorizar el hecho de la recepción, y otra al final, comunicar al interesado la resolución que se adopte”.

            Y la resolución que pueda adoptarse, no ha de ser siempre y en todo caso desestimatoria, sobre todo si la petición no es meramente graciable, sino cuando constituye una pretensión fundada en Derecho, como acontece en este caso. La diferencia estará en distinguir si lo que se pide a la Administración es el ejercicio de unapotestad discrecional, en cuyo caso la resolución podrá ser desestimatoria, siempre y cuando no infrinja los límites de aquella discrecionalidad (v.gr. control de los hechos determinantes y aplicación de los principios generales del derecho –interdicción de la arbitrariedad, ex art. 9.3, CE–), o si lo que se pide es el ejercicio de unapotestad reglada,en cuyo caso la Administración deberá responder y resolver la petición según los elementos reglados que estén establecidos en la Ley o el Reglamento. Y como señala la sentencia citada de 17 de mayo de 1.999, se trata de examinar “elcontenido material de la petición formulada” y “la obligación de resolver sobre el contenido de la petición «determina lógicamente la posibilidad de fiscalización jurisdiccional de las resoluciones expresas o presuntas sobre lo cuestionado en la petición formulada, incluso en el supuesto del potencial carácter graciable de lo peticionado, cuya efectiva tal naturaleza debe ser objeto de la correspondiente revisión jurisdiccional”.

            Pues bien, aquí el contenido material de la pretensión consiste en la petición de que se reconozca el derecho establecido en los artículos 16 y siguientes del Estatutos Básico del Empleado Público y que la Administración competente arbitre las medidas oportunas para dicho reconocimiento, como examinamos en el siguiente apartado.

3.      Fundamento de las pretensiones.

a)      Primera pretensión: reconocimiento del derecho a la carrera profesional; aplicación directa del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante el Estatuto) y de la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias.

            Elartículo 14del Estatuto establece que los empleados públicos tienen, entre otros derechos de carácter individual, el siguiente:

“c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación”.

            Dicho derecho individual lo define la Ley con carácter objetivo, lo que no excluye que tanto la Ley como el Reglamento, lo concreten a través de situaciones singulares. Sucede que en el presente caso ha sido la propia Ley, el propio Estatuto, el que ha desarrollado y sistematizado dicho derecho subjetivo enlos artículos 16y siguientes. Bien es cierto que elapartado 3del citado artículo 16 hace una remisión a la regulación en las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto, sobre el desarrollo de la carrera profesional aplicable en cada ámbito, pero tal norma de remisión no excepciona, ni impide, la aplicación directa de la propia Ley para reconocer aquel derecho individual a quien lo solicite. Y para arbitrar los mecanismos necesarios para su ejercicio; pues toda norma sobre derechos subjetivos contenida en el Estatuto de la Función Pública , desde siempre, es de aplicación directa; de la misma forma que dicho derecho no tienen la consideración de adquirido, precisamente por ser de configuración legal; si la Ley lo establece, basta ejercitarlo, sin necesidad del complemento necesario de un reglamento ulterior.

            Ello, como señaláramos, no excluye que en cada ámbito autonómico se promulguen Leyes sobre la Función Pública en las que se establezca el derecho a la carrera profesional, pero tal derecho no ha de esperar a que aquella regulación se promulgue, al menos en aquellos cuerpos nacionales, como el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria o el Cuerpo ATS/DUE de Instituciones Penitenciarias, en los que por no haber sido transferidos a las CCAA, la regulación contenida en el Estatuto les es de aplicación directa y suficiente.

            Pues bien, elapartado 4 del artículo 16del Estatuto señala que “los funcionarios de carrerapodrán progresarsimultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito”.

            Y de lo que se trata, mediante el presente escrito de petición, es que se implante en la Sanidad Penitenciaria   el sistema de carrera profesional establecido en elapartado 3del mismo precepto, así:

“a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.

c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo.

            Elartículo 17, b)citado dice: “Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, a calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño”.

            Y elartículo 20.3también citado establece: “Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias”.

            En intima relación con la carrera horizontal el Estatuto hace referencia al sistema deevaluación del desempeño, que se define como “el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados” (art. 20.2).

            Procedimiento al que a su vez se refiere la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias (en adelante LOPS), al referirse al desarrollo profesional en su Título III; en concreto, el artículo 38.1establece, aludiendo a la regulación contenida en los artículos 6 y 7 de la misma Ley, que el desarrollo profesional consiste en el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en cuanto conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación así como el cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización a la que presta sus servicios. Ese reconocimiento –sin perjuicio de las facultades y funciones que atribuye el propio título oficial– será público y con atribución expresa del grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son propias.

            En cuanto al ámbito personal de dicha regulación, se establece que pueden acceder a este reconocimiento (sistema de desarrollo profesional) los profesionales que estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del Estado (art. 38.3, LOPS), es decir, cualquiera que sea la Administración para la que presten sus servicios.

            Por lo tanto, el legislador ha previsto, en dos ámbitos muy concretos, el de la función pública y en el de la ordenación de las profesiones sanitarias, el derecho subjetivo de la carrera y desarrollo profesional, cuya implantación se solicita en el presente escrito.

b)      Segunda pretensión: implantación del sistema de carrera profesional en el ámbito de la sanidad penitenciaria.

            Aparte del reconocimiento del derecho a la carrera profesional, mediante el presente escrito se solicita una de las llamadas pretensiones de plena jurisdicción, la de que se inicie, instruya y resuelva el preceptivo procedimiento, a fin de que se implante en el ámbito de la sanidad penitenciaria el sistema de carrera profesional, según las bases del Estatuto, a que nos hemos referido en el anterior apartado.

            No se trata tanto con esta segunda pretensión del examen y satisfacción del contenido material de la petición que se formula, sino de que la Administración , según la jurisprudencia examinada más arriba, por su deber y obligación de resolver una pretensión fundada en Derecho, deba instruir el oportuno procedimiento para la implantación del sistema.

            En su virtud,

S U P L I C O    se sirva admitir el presente escrito de petición fundado en Derecho y, previos los trámites preceptivos, se proceda a:

a)      Reconocer el derecho de los funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios de Instituciones Penitenciarias a la carrera profesional, según los términos expuestos en el apartado 3, a.

b)      Implantar el sistema de carrera profesional, mediante la incoación instrucción y resolución del preceptivo procedimiento formalizado, según lo solicitado en el apartado 3, b).

c)      Y se adopte y arbitren cuantas medidas fueren necesarias para satisfacer la pretensión fundada en Derecho que se formula mediante el presente escrito.

Así procede en justicia, que pido.

            Madrid, a 28 de enero de 2008

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