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NUEVO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA SESP

Jueves, 29 de julio de 2010

          Con fecha de 29 de julio de 2010 se ha presentado ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, la demanda por la que se inicia el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA contra la Instrucción 1/2010, dictada el 26 de mayo de 2010 por el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por la que se aplica el Decreto-Ley 8/2010, de 10 de mayo, sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y por la que se minoran las retribuciones del programa de productividad del personal sanitario de Instituciones Penitenciarias.    

          El principal motivo del recurso se centra en la reducción de las retribuciones de las guardias por encima del tope máximo fijado del 5 por 100 por el Decreto-Ley 8/2010, lo que determina que se planteen tres pretensiones anulatorias contra la Instrucción recurrida.

            La primera, por infracción de los artículos 28, Uno, B), e) y 25, Dos, B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos del Estado para 2010, modificados por el artículo 1, Cuatro, del Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en relación con los artículos 14, d), 21, 22.3 y 24 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto la Instrucción impugnada se aparta de las normas legales citadas, que fijan el tope máximo de reducción retributiva, (tanto para el personal laboral, como para el personal funcionario), en el 5 por 100, lo que constituye uno de los vicios de nulidad de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: el de la vulneración de normas de rango superior.

    La segunda pretensión anulatoria se plantea por infracción de los principios de la interdicción de la arbitrariedad, en relación con la motivación de la Instrucción impugnada, y de la igualdad, dado que la Instrucción recurrida aparte de superar el límite fijado en el De-creto-Ley 8/2010, lo hace sin motivación, razonamiento o justificación alguna, no ya en cri-terios objetivos, sino siquiera en elementos subjetivos o discrecionales.

    Y la tercera pretensión anulatoria plantea el vicio de nulidad de la denominada desviación de poder: ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, pues bajo el subterfugio de aplicar las normas legales contenidas en el Decreto-Ley 8/2010, la Instrucción recurrida va mucho más lejos: minoración de las retribuciones de las guardias de los médicos y enfermeros de las Instituciones Penitenciarias, sin motivo que la justifique y por intereses escondidos.

    Aparte de las tres pretensiones anulatorias citadas, en el recurso se plantea una de las llamadas pretensiones de plena jurisdicción: que la sentencia declare que el cálculo de la cuantía de las horas del programa de guardias sanitarias se mantenga como hasta ahora o, en su caso, se ordene a la Administración de Instituciones Penitenciarias, que se ajuste al límite máximo de reducción que establecen las normas examinadas en la anterior pretensión anulatoria, de reducción máxima de un 5 por 100.

    Una vez el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo admita el recurso a trámite, fijará día para la vista (juicio), con traslado o puesta de manifiesto del expediente administrativo para poder completar las pretensiones de la demanda en dicho acto.

    La sentencia que resuelva el recurso (al año o año y medio aproximadamente desde la interposición), podrá ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    


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