Recientemente hemos tenido conocimiento de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene la intención de suprimir las guardias médicas de presencia física en algunos Centros Penitenciarios.
Desconocemos con qué criterios ha sido tomada esta medida, aunque suponemos que ha sido impuesta con la única motivación del ahorro presupuestario, ya que no ha sido consensuada ni con los profesionales de la Sanidad Penitenciaria, ni con la Sociedad a la que representamos. Y no nos consta que haya sido precedida de un estudio sobre sus posibles repercusiones sanitarias y el ahorro económico real que representa. .
Ante esta situación, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) quiere expresar las siguientes consideraciones:
Somos plenamente conscientes de que en la actual situación económica las Administraciones Públicas están obligadas a prestar un servicio de la máxima eficacia y eficiencia. Por otra parte, los profesionales de la Sanidad Penitenciaria hemos dado un claro ejemplo de nuestro compromiso con esta premisa, y hemos mantenido una actitud ejemplar de colaboración con las autoridades sanitarias penitenciarias, contribuyendo a lograr una importante reducción del gasto farmacéutico, acorde con nuestra intención de mantener el actual sistema sanitario penitenciario.
Sin embargo no podemos apoyar la supresión de las guardias de presencia física, en aquellos centros en las que están implantadas, ya que puede dar lugar a un empeoramiento de la salud general de la población reclusa. Por otra parte, entendemos que esta medida, supone una vulneración de los derechos de la asistencia médica de las personas privadas de libertad, dado que la asistencia urgente constituye en un Centro Penitenciario una singularidad que no es equiparable a la situación en la población general, por lo que no es extrapolable a la asistencia de urgencia de Atención Primaria. Además creemos que es la primera de las medidas que pretende desmantelar la Sanidad Penitenciaria tal y como está concebida en la actualidad, suprimiendo uno de los servicios fundamentales que prestamos a nuestros pacientes.
Esta medida de sustituir las guardias médicas de presencia física por guardias localizadas, es un ataque a la línea de flotación de la Sanidad Penitenciaria y a los derechos de los pacientes a recibir una atención urgente, en igualdad de condiciones que la población general.
No se puede obviar, en este análisis, el aislamiento de las prisiones, situadas en la mayoría de las ocasiones a bastantes kilómetros de distancia de un Centro Hospitalario, ni la dificultad para el acceso a las mismas, o los problemas existentes con la falta de fuerza conductora que acompañe a los internos que se evacuen de urgencias. Impedimentos que retrasarán, en ocasiones dramáticamente, la asistencia médica de urgencias de nuestra población.
Recortar no es sinónimo de racionalizar.
En este caso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con una visión a muy corto plazo, pretende un recorte de las prestaciones sanitarias de la población reclusa. Basamos nuestra opinión en el hecho de que el ahorro económico sería insignificante para los presupuestos de esta Secretaría General frente a las negativas consecuencias de esta iniciativa.
Los profesionales de la Sanidad Penitenciaria acumulan una gran experiencia en el manejo de las urgencias médicas en los Centros Penitenciarios. Gracias a su rápida actuación (cuando están presentes en el Centro Penitenciario) han conseguido salvar muchas vidas y evitar graves complicaciones a nuestros pacientes. De igual forma, estas actuaciones han hecho innecesarios muchos traslados a Centros Hospitalarios de referencia. Esta circunstancia permite el ahorro en gastos derivados de la atención hospitalaria y en seguridad (traslado en ambulancia, desplazamiento de fuerzas de seguridad, etc…). Esta labor parece no haber sido considerada por la Secretaría General antes de tomar esta medida.
Además esta medida implica dejar la decisión sobre una atención médica inmediata de los internos en manos del señor jefe de servicios y de los funcionarios, obligándoles a decidir sobre una cuestión a veces vital, para la que, evidentemente, no están capacitados.
Apelamos a la Secretaría General para que reconsidere esta decisión que no aporta ningún beneficio para la salud de las personas privadas de libertad, y cuyo supuesto ahorro económico no justifica la supresión de las guardias médicas de presencia física en los Centros Penitenciarios.
Queremos concienciar al resto de estamentos de la Institución Penitenciaria y de la Sociedad en general, para que conozca la importante labor que desarrollamos los profesionales de la Institución Penitenciaria, y que nos ayuden a evitar el desmantelamiento de la Sanidad Penitenciaria sin motivos que lo justifiquen.
JUNTA DIRECTIVA DE LA SESP.
La SESP solicita el apoyo de la Organización Médica Colegial ante la pretensión de Instituciones Penitenciarias de eliminar las guardias de presencia física en determinados Centros Penitenciarios. +Información aquí.